El DNU sobre la libertad de prensa obtuvo dictamen y se tratará el 30 de mayo

El macrismo le dio dictamen favorable esta noche al decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la "defensa de la libertad de expresión" en la Ciudad, que será tratado el jueves 30 en sesión y le pidió apoyo a la oposición no kirchnerista, a la que le prometió una futura "ley correctiva" sobre la materia. El dictamen cuenta con las firmas de los ocho legisladores del PRO que integran esta comisión; los cinco kirchneristas firmaron otro en el que piden que la iniciativa sea rechazada; y los dos restantes tenían previsto suscribir un despacho sobre un proyecto de ley alternativo sobre libertad de expresión. Para ello, estos dos legisladores, Julio Raffo (Proyecto Sur) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica) tienen plazo hasta el miércoles a las 16, antes de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la que se definirá el orden del día de la sesión del jueves 30. Raffo elaboró un proyecto de ley, al que adhiere Sánchez, pero el macrismo busca convencerlos de que apoyen el DNU del Poder Ejecutivo a cambio de una futura ley correctiva. "Estamos dispuestos a hacer una mejor ley siempre y cuando no dejemos sin protección legal a la actual situación", dijo el macrista Helio Rebot, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para dar crédito al DNU. El decreto firmado el martes pasado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quedaría en vigencia definitivamente si es aprobado el jueves de la semana que viene por 31 de los 60 diputados porteños, cifra que el macrismo confía en alcanzar cómodamente. El oficialismo cuenta con 26 legisladores del PRO, más tres opositores y busca que la iniciativa sea apoyada también por las bancadas de la Coalición Cívica (tres) Proyecto Sur (seis). El "Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión" apunta a "garantizar la protección de los periodistas y de los medios de comunicación en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires" frente a "un plan del Gobierno nacional de hostigamiento contra la prensa independiente". El kirchnerismo cuestionó la iniciativa porque no respeta, según entiende, el "ordenamiento jurídico" nacional en cuanto a los temas que puede tratar cada jurisdicción. "Si hay que hacer modificaciones para encontrar más pautas de libertad de expresión, seguramente estaremos de acuerdo", dijo el macrista Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la Legislatura. "Si tenemos que defender a Clarín o a (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto, si ese fuera el muro que contiene la libertad de prensa, lo vamos a hacer", agregó Ritondo, para responder a los kirchneristas, que acusaron al PRO de impulsar una iniciativa "con el fin único para proteger" a ese multimedio. El diputado Fernando Sánchez, de la CC, que adhiere al proyecto de ley de Raffo, ratificó que su bloque cree como el macrismo "que la Ciudad de Buenos Aires tiene plenas facultades de legislar sobre libertad de expresión y medios de comunicación". Sánchez, no obstante, criticó que el decreto "no contemple" algunos aspectos y señaló que queda desprotegido "el derecho laboral y profesional de los trabajadores de prensa". "Queremos que el derecho a huelga esté garantizado", aseveró. El representante de la CC aludió de esta manera al artículo 11 del DNU, que establece que "no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o instalaciones". El macrista Oscar Moscariello afirmó que "el decreto establece la posibilidad de que los periodistas no sean molestados por la autoridad pública" y sostuvo que "es ridículo pensar que se puede lesionar o restringir el derecho de huelga". El diputado macrista Daniel Andrés Lipovetzky reivindicó el carácter de "urgencia" del DNU y dijo que obedece a "declaraciones de funcionarios contra periodistas y medios, allanamienros a casas de periodistas, escraches a periodistas, rumores varios" de intervención a medios, como el Grupo Clarín. En la oposición, el diputado Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) enfatizó en que el decreto no es válido porque intenta legislar sobre cuestiones de competencia federal. "Ustedes no pueden pasar por encima a las leyes nacionales", les dijo Ibarra a sus pares macristas. "Esto es un mamarracho, es una vergüenza, ustedes están siguiendo los lineamientos de (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto", disparó el kirchnerista Juan Cabandié, referente de La Cámpora. La diputada María América González ironizó sobre la creación del tribunal especial sobre cuestiones vinculadas con la libertad de expresión: "Ahora resulta que en la República de Buenos Aires hay delitos que puedo cometer que van a ser juzgados en la República de Buenos Aires, pero se les va a aplicar el Código Penal de la República Argentina". "No veo la necesidad y la urgencia de este decreto", dijo la diputada opositora Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) y recordó que la Constitución de la Ciudad "establece la creación de un ente autárquico para garantizar la pluralidad de voces" y que "no se observa la voluntad política del Poder Ejecutivo de conformarlo".