
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón y obispos católicos venezolanos advirtieron este lunes, tras la XCIX Asamblea Plenaria Ordinaria, que hay un "grave riesgo" para la estabilidad de Venezuela como consecuencia de la situación suscitada por la enfermedad de Hugo Chávez con relación a la asunción presidencial y llamaron a no manipular la Constitución.
Al inicio de la XCIX Asamblea Plenaria Ordinaria del organismo, Padrón señaló que "está en grave riesgo la estabilidad política y social de la Nación, este es un momento difícil e incierto, con rasgos que dibujan una compleja situación que pudieran conducir al país a una encrucijada peligrosa" y sotuvo además que "lo que desean y esperan todos los venezolanos es que los poderes públicos respeten y sigan en todo a la Constitución, que jamás actúen fuera o en contra de ella".
El titular de la CEV y también arzobispo de Cumaná sostuvo que "la población está confundida y una buena parte de ella molesta, pues a pesar de más de 25 comunicados sobre el estado de salud del primer magistrado, hasta hoy no ha recibido oficialmente ningún parte médico venezolano".
"El Gobierno no le ha dicho al pueblo toda la verdad, a la cual tiene todo el derecho de acceder de manera cierta; sólo le ha comunicado con evidente dificultad su verdad política", dijo el arzobispo, y llamó a que el proceso político "transcurra por los cauces democráticos, porque si se prescinde de la Constitución se prescinde también de la institución y se cae en la pugna por cuotas de poder, la violencia y en la anarquía e ingobernabilidad".
El arzobispo dijo que la Iglesia rechaza "categóricamente todo posible intento de manipulación de la Constitución en favor de intereses de una parcialidad política y en detrimento de la democracia y de la unidad del país". Agregó que "no habría tenido ningún sentido la jornada electoral del 7 de octubre si no hubiera estado en función de un período distinto de gobierno", y alertó que "está en juego el bien común del país y la defensa de la ética; alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable".
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